Una propuesta para salvar la cultura

Excmo. Sr. Ministro de Cultura:

Quiero, ante todo, disculparme por mi exabrupto de ayer. Mi reacción ante su nueva campaña contra la piratería fue exagerada e irracional y, si bien no tengo excusa, me gustaría hacerle comprender que mi arrebato fue debido a lo que, en mi modesta opinión, es una mala gestión de una causa noble. Buenas intenciones no siempre van acompañadas de buenas ideas y en este caso en concreto el desafortunado enfoque que se ha dado a la lucha por salvar la cultura no pudo menos que despertar mi indignación, aunque, como ya he dicho, eso no justifique mi actitud.

Con el ánimo de compensar tamaña afrenta a usted y al ministerio que dirige, me gustaría ofrecerles una propuesta que, siempre desde mi humilde punto de vista, encontrará mucho más eficaz a la par que satisfactoria para alcanzar sus objetivos.

En primer lugar, y con carácter de urgencia, hay que deshacerse de la mala imagen que las entidades gestoras de derechos de autor llevan cargando desde hace algunos años. Para eso es necesario que dichas entidades sean fusionadas y estatalizadas en una gran Agencia Nacional de Derechos de Autor, estructurada en diversas secretarías, una por cada uno de los sectores de la cultura implicados. En dichas secretarías se mantendría, por supuesto, al personal, directivos y, sobre todo, consejos de administración de las entidades gestoras, con sus sueldos y derechos íntegros (primas incluidas), en pago a los servicios prestados hasta entonces.

En segundo lugar, y también con carácter de urgencia, es necesario abordar el tema del canon digital. Debido a su altísima impopularidad, que tantas protestas ha generado, es imprescindible que dicha tasa sea eliminada y sustituida por algo mucho más aceptado por el pueblo como es un impuesto estatal. Concretamente, y si queremos evitar que la cultura desaparezca para siempre, es necesario que a partir de ese momento se retenga el 30% del sueldo neto de los trabajadores y las prestaciones sociales de los desempleados. Un tributo justo, donde cada uno aportaría a la causa en función de sus ingresos y que sin duda aceptarán de buen grado todos los ciudadanos. Porque, ¿quién no querría contribuir para la salvación de la música o el cine?

No obstante sigue existiendo el peligro de que algunos individuos claramente perturbados e irracionales quieran hacer peligrar nuestra cultura descargándose obras a través de programas de BitTorrent o P2P (y perdone que utilice términos tan técnicos, sin duda alguien de su gabinete, o alguno de sus nietos, se lo podrá explicar más adecuadamente). Para atajar ese problema de una vez por todas hay que dejarse de estériles debates sobre el control al que las operadoras pueden someter a los usuarios, para que el estado sea el que asuma el control de las operadoras. Hay que volver a los gloriosos tiempos en que tan solo existía una compañía telefónica, sin quejas sobre migraciones, velocidades o precios, de forma que el gobierno, tomando el ejemplo chino, pueda controlar cada uno de los bits que circulan por este país, sabiendo en cada momento quién es leal a su país y quién trata de traicionarlo bajandose música de Internet; esto, huelga decirlo, estaría acompañado de penas de cárcel y trabajos forzados para los últimos.

Una vez erradicado el problema de la piratería habría que afrontar la tarea, difícil y heroica, de establecer las condiciones más adecuadas para que la cultura florezca como no se había visto desde hacía siglos, cuando se transmitía a través de códices en monasterios apartados de la civilización. Y para acelerar el proceso qué mejor que quienes la han protegido hasta nuestros días, como son las editoriales, productoras y sellos discográficos, auténticos adalides que han arriesgado todo por dar a conocer las distintas artes sin pedir casi nada a cambio (excepto quizás el 60% de los ingresos por las ventas). A través de las distintas secretarías de la Agencia Nacional de Derechos de Autor se dedicarían a seleccionar y asesorar a aquellos autores e intérpretes que en su sabia opinión merecen el honor de ser presentados ante el público, a cambio de una mísera comisión por sus servicios.

Esta pieza clave del plan debe ir acompañado de una última medida: el control de los medios de distribución. Si queremos rescatar a la cultura no podemos permitir que unos autores o intérpretes tengan ventaja sobre otros, excepto si han sido ya ampliamente reconocidos (al Cesar lo que es del Cesar). Por eso es conveniente que el gobierno asuma la distribución y promoción de los discos, libros y películas, haciendo llegar de forma equitativa a cada punto de venta solamente los seleccionados por las empresas asesoras de la Agencia Nacional de Derechos de Autor. El método elegido para la selección queda en manos de dichas empresas, ya que su inestimable experiencia y conocimiento del medio las convierte sin duda en las más capacitadas para conseguir que todo el mundo tenga su oportunidad, aunque desde estas líneas propongo que se mantenga el formato de programas de televisión con castings grabados y votación a través de SMS, que ya han demostrado su éxito y sin duda proporcionarían unos ingresos extras para la causa.

De esta forma, con todas las piezas en el tablero, es como empezaríamos a construir nuestra utopía cultural. Todo aquel autor o intérprete que quisiera dedicarse a tal oficio pasaría por un proceso de selección tras el cual, en caso de ser elegido, se pondría en las manos de la secretaría pertinente para que sus obras se difundieran por los canales gubernamentales establecidos. Cobrando de entrada un pequeño estipendio por su participación, aquellos que más éxito tuvieran podrían llegar no solo a cobrar el equivalente al sueldo mínimo, sino incluso a recibir un extra como recompensa a sus esfuerzos. Por otro lado, aquellos a los que el público diera la espalda no estarían abandonados, ya que el estado asumiría el control de sus derechos para que sus obras se siguieran difundiendo, al tiempo que se le buscaría un oficio más acorde con sus aptitudes.

Por otro lado, el esfuerzo económico de los españoles estaría por fin debidamente recompensado. Porque no solo se habría salvado la cultura (que ya debería significar suficiente recompensa por sí mismo), sino que que el estado les garantizaría el acceso universal a la misma en igualdad de condiciones para todos y a un precio más que asequible, fijado de acuerdo al IPC de ese año. Y para asegurarse que la cultura impregne en todos los estamentos de la ciudadanía, primer paso de lo que sin duda sería una nueva era de prosperidad y conocimiento del país, cada residente (legal, por supuesto) recibirá trimestralmente una cartilla con la que adquirir ¡totalmente gratis! (pues la generosidad del estado no conoce límites) un libro, un disco y una entrada de cine para obras españolas de imprescindible difusión. De forma obligatoria, eso sí, bajo fuertes multas en caso de negarse, ya que no hay que menospreciar el esfuerzo hecho por las autoridades.

Esta es, pues, mi propuesta, que sin duda encontrará razonable, equilibrada y justa. En caso de que usted o el ministerio que representa tenga interés en la misma me pongo a su absoluta disposición para concretar y pulir los detalles y hablar de mi comisión por la idea. Que, señores, las ideas son lo más importante de este mundo y deben ser recompensadas.

Suyo seguro servidor,

El Inadaptado Social.